La Comisión Europea (CE) presentó ayer la revisión de la actual legislación de protección del aire, que incluye nuevas medidas y eleva las exigencias a los Estados miembros para frenar de aquí a 2030 la contaminación del aire, que cada año causa la muerte a 400,000 personas en la Unión Europea (UE).

"A pesar de los progresos aún estamos lejos de nuestro objetivo a largo plazo (...), que es alcanzar niveles de calidad del aire que no tengan un efecto negativo en la salud y el medio ambiente", dijo el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, durante la presentación de las medidas en Bruselas.
Recordó que la contaminación del aire provoca 400,000 muertes al año en Europa, 10 veces más que los accidentes de tráfico, perjudican al medio ambiente y, además, genera una factura a los estados de 23,000 millones de euros al año solo en gastos directos.
Para atajar estos problemas la CE inició en 2011 una revisión de la legislación vigente que ha culminado con estas medidas, dirigidas a conseguir que los Estados cumplan los objetivos fijados para 2020, entre ellos el control de las emisiones de los vehículos diesel.
También incluye una revisión de la directiva de límites nacionales que eleva las exigencias de cara a 2030 y una nueva directiva para reducir las emisiones de las instalaciones de combustión de tamaño medio (como los generadores de grandes edificios).
La prioridad del Ejecutivo comunitario de cara a 2020 es acabar con el incumplimiento generalizado de la legislación, que a día de hoy se infringe en 17 de los 28 Estados miembros: España, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemana, Grecia, Francia, Italia, Letonia, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia.
En el caso de España, la CE abrió un expediente sancionador por no cumplir con la normativa, algo que debía haber hecho en 2010, y le ha negado una moratoria hasta 2015 para adaptarse a las normas por considerar que las medidas propuestas por el Ejecutivo no garantizaban que lo lograse.
No obstante, el proceso está aún en su fase inicial, por lo que una eventual sanción no llegaría hasta dentro de cuatro años, según fuentes comunitarias.
"Lo que proponemos son límites de emisiones nacionales más estrictos, porque en el pasado han demostrado ser la herramienta más efectiva", explicó Potocnick, quien señaló que los criterios para medir la calidad del aire no se han modificado.
La CE ha establecido que a partir de 2020 la presencia de sustancias nocivas en el aire deberá reducirse de media un 31.4% en la UE, en tanto que a partir de 2030 el descenso deberá ser del 51,8 % y afectará también al gas metano.
Para España, los objetivos de reducción son del 33.8% y 56.3% de media, respectivamente.
A día de hoy, el país sobrepasa las tasas permitidas de varios de estos compuestos (que de media es de 25 microgramos por metro cúbico), especialmente en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, pero también en ciertas zonas de Asturias, Canarias y Andalucía.
Por otro lado, "los Estados miembros tendrán que asegurarse de que los sectores de industria, transporte y energía reducen sus emisiones", explicó el responsable de Medio Ambiente.
En este sentido, ha elaborado un programa de "Aire Puro" con medidas para que de aquí a 2020 los países resuelvan el problema de las emisiones de los coches diesel, fomenten el transporte sostenible y mejoren sus sistemas de control de la calidad del aire, también a nivel regional y local.
Por último, el paquete incluye una nueva directiva que fija límites para las emisiones de las plantas de combustión de mediano tamaño, como los generadores de grandes edificios o las industrias pequeñas, que hasta ahora no estaban reguladas.
Preguntado por el coste de estas medidas para ciertos sectores, como el agrícola, Potocnik explicó que los estudios realizados muestran que "el modo más eficiente de mejorar la calidad del aire es abordar sectores específicos".
"Todos los sectores tendrán que participar (en la reducción de emisiones) en una proporción justa", dijo el comisario, quien destacó los esfuerzos hechos por los sectores de transportes o naval.
Además la CE ha propuesto al Consejo que ratifique el enmendado protocolo de Gotemburgo, que regula las emisiones de ozono troposférico.
El Ejecutivo comunitario prevé que con estas medidas se eviten 58,000 muertes prematuras, se salven cerca de 200,000 kilómetros cuadrados de bosques y se ahorren entre 40,000 y 140,000 millones de euros en costes directos e indirectos.
El paquete debe ahora consensuarse con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, por lo que la aprobación definitiva podría demorarse entre uno y tres años.

EFE

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