Menos de seis meses del inicio de su segundo período de gobierno, Barack Obama está inmerso en una seguidilla de escándalos que bien podrían terminar definiendo cómo pasará a la historia.
Una serie de filtraciones relativas a la seguridad nacional tienen al gobierno a la defensiva y dejan en evidencia el nivel de discrecionalidad y de secretismo con el que se administran las polémicas leyes que autorizan vigilancias cuando se sospecha de actividades extremistas.

El caso de la masiva obtención de datos de la telefónica Verizon o el seguimiento de usuarios de Internet que se conoció la semana pasada por la información que suministró a la prensa el exasistente de la CIA Edward Snowden han aumentado la presión sobre Obama, al tratarse de operaciones de vigilancia estatal que tienen al menos el potencial de abarcar a segmentos grandes de la población sobre los que no recae evidencia de actividad ilegal.
Más allá de las consideraciones políticas y naturales reacciones partidistas, cada caso toca el área de los derechos ciudadanos de una manera distinta, desde la libertad de expresión y presunción de inocencia, hasta el derecho a la privacidad y la igualdad ante la ley. Y cómo se supeditan o no al "máximo interés" de la seguridad nacional.
Para muchos resulta irónico que un presidente que llegó al poder cuestionando los excesos cometidos en nombre de la llamada "guerra contra el terrorismo" esté siendo señalado por sus propios excesos al usar las herramientas legales que tanto criticó antes de llegar a la Casa Blanca.
A principios de mayo, el Departamento de Justicia le informó a la agencia de noticias Associated Press (AP) que el gobierno había obtenido registros de llamadas de 20 líneas de la agencia, entre números de oficinas y teléfonos personales de algunos periodístas.
Aunque AP aseguró que no se le explicó la razón de la investigación, la agencia lo vínculo a un artículo prublicado en mayo del 2012 en el que se revelaba el desmantelamiento de un supuesto plan de atentado por parte de al-Qaeda que se originó en Yemen.
El presidente de AP Gary Pruitt, calificó la acción del departamento de Justicia como "una intrusion masiva y sin precedentes" y "una seria interferencia con los derechos contitucionales de AP".
Los profesionales de la prensa han visto en la acción del gobierno un indebido intento de identificar una fuente de información que se supone protegida por la sacrosanta confidencialidad que establece cuando entra en relación con un periodista. Para el gobierno se trata de capturar a un "soplón" que consideran que ha puesto en riesgo la seguridad nacional revelando secretos clasificados.
Lo que involucraba a unos pocos números telefónicos en el caso de AP se convirtió en millones en el de la filial estadounidense de la telefónica Verizon y potencialmente más aún en el de la vigilancia de usuarios de internet.
La semana pasada el diario británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post presentaron datos obtenidos del exasistente técnico de la CIA, Edward Snowden, que evidenciaban que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) mantenía un sistema regular de obtención de datos telefónicos aprobado por una corte secreta.
La reacción de la Casa Blanca y del Congreso dejó en claro que se trataba de una práctica común, de vieja data y que cuenta con respaldo legal en las polémicas Ley Patriota y la Ley de Vigilancia de Información Extranjera (FISA) heredadas de tiempos de George W. Bush.
"Nadie está escuchando sus llamadas", aseguró el fin de semana el presidente Barack Obama aclarando que no se trata de "escuchas telefónicas", sino que, al igual que en el caso de AP, lo que se recoge es la llamada "metadata". Además, el mandatario defiende la legalidad de la medida argumentando que está "aprobada por todas las ramas del Estado".

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