La Audiencia Nacional española ha admitido por primera vez a trámite investigar el caso de las prótesis de mama no conformes a la ley de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) por apreciar un delito contra la salud pública, informó hoy la Asociación Nacional de Afectadas (ANAP).

Los citados implantes fueron retirados del mercado después de que las autoridades francesas detectaran que estaban fabricados con un gel de silicona diferente del exigido y tras existir sospechas sobre su vinculación con algunos casos de cáncer de mama.
Hasta el momento, la Justicia española había desestimado las querellas interpuestas por otras afectadas, por no haber sido acreditada por éstas la relevancia penal de los hechos así como la competencia objetiva de la Audiencia Nacional, un tribunal que juzga los casos de especial relevancia.
Con la admisión a trámite de esta querella, se inicia un procedimiento judicial para el esclarecimiento y depuración de responsabilidades en uno de “los mayores fraudes sanitarios cometidos en la historia reciente de España, vinculado a las prótesis mamarias”, según ANAP.
Esta asociación representa los intereses de centenares de mujeres residentes en diferentes lugares de España.
Hace poco más de un año, la joven Eva Giménez, que ha pasado por varias operaciones después de que se le rompiera un implante mamario de esta marca, impulsó la citada asociación de ámbito nacional para hacerse oír y pedir responsabilidades por lo que califica de “vergüenza sanitaria”.
Jean-Claude Mas, creador de las prótesis, aseguró el pasado mes de abril, durante el juicio por fraude en Francia, que sus implantes “no ponían en riesgo” la salud de las pacientes que los portaban.
En su comparecencia ante los jueces, el fundador de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) afirmó que su producto “no estaba homologado, pero era homologable” y aseguró que en algunos aspectos el gel que él creó era “superior” al único autorizado, de fabricación estadounidense.
Según la acusación, el producto utilizado para la fabricación de los implantes PIP era diez veces más barato que el homologado, lo que permitió a la empresa ahorrar un millón de euros al año.
El grupo comercializó las prótesis durante una década y en sus mejores años llegó a tener el 84 % de su facturación fuera de Francia, en particular en América Latina, donde en países como Venezuela se calcula que vendieron 33.000 implantes.
La actividad, ocultada a los inspectores, saltó a la luz ante las denuncias de varios cirujanos que detectaron una mayor tasa de ruptura de los implantes PIP que los de otras marcas.

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