La Comisión Europea abrió ayer un procedimiento de infracción contra España después de haber recibido “un número cada vez mayor de denuncias” sobre hospitales públicos de zonas turísticas que se niegan a atender a ciudadanos con la tarjeta sanitaria europea (TSE) —documento que certifica que el titular tiene derecho a recibir la misma asistencia que los nacionales del Estado donde la necesite— y les exigen en su lugar un seguro de viaje y los datos de la tarjeta de crédito. Bruselas ha enviado a España una carta de emplazamiento, primer paso del procedimiento de infracción, y le da dos meses para contestar.

La Comisión Europea lleva desde 2010 tratando la cuestión con España, que le aseguró haber tomado medidas para solucionar el problema, informó ayer. Sin embargo, añadió, siguen llegando denuncias. No se trata de denegación de la asistencia, sino de que se ha “informado erróneamente a los ciudadanos de que su tarjeta europea no es válida si tienen seguro de viaje”. El Ministerio de Sanidad afirma que únicamente le constan reclamaciones de pacientes del Reino Unido y asegura que eligen “libremente” si quieren ser atendidos con cargo a la TSE o a su seguro privado.
El relato que alguno de esos pacientes ha hecho llegar a Bruselas difiere de ese marco general. Un británico, que la Comisión identifica como Mr. X para proteger su identidad, explica que acude al hospital Costa del Sol, en Málaga, porque sufre dolores de espalda. Presenta su tarjeta sanitaria europea, pero hasta tres administrativos diferentes le presionan, según el relato proporcionado por fuentes comunitarias, para que además les ofrezca los datos de su seguro privado. Pese a que aseguran que es únicamente un trámite y que aceptan su TSE, finalmente la aseguradora del paciente recibe una factura de 202 euros. El hombre señala además que presencia cómo otros turistas reciben el mismo trato. La reclamación es de febrero de este año.
Tres de las cuatro quejas que Bruselas usa como ejemplo proceden del hospital Costa del Sol, centro público que tiene contratada a una empresa para que gestione el cobro a pacientes extranjeros. La cuarta queja es del hospital de Ibiza, de un paciente británico que fue operado de urgencia, presentó su tarjeta europea pero cuya aseguradora recibió una factura de 24.600 euros. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) admite que en el Hospital Costa del Sol de Marbella, que cada año atiende a más de 7.000 turistas, se ha detectado algún caso de la práctica que ahora denuncia la UE. Se trataría de ciudadanos extranjeros que portaban tarjeta sanitaria europea y seguro privado y el hospital optó por tramitar la factura a través de la compañía de seguros lo que, generalmente, acorta los plazos para cobrar la atención. Fuentes del SAS aseguran que han sido casos “puntuales”, que se han corregido y que en ningún caso ha existido una directriz por parte de la Consejería de Salud.
Cada año viajan a España más de 50 millones de turistas, la mayoría de países europeos, y unos 500.000 pasan por los hospitales públicos con tarjeta sanitaria europea, según datos del Ministerio de Sanidad. Los países se facturan estas asistencias entre ellos a año vencido. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reparte posteriormente entre las comunidades autónomas el dinero que percibe España, ponderado según el número de turistas que acoge cada una.
Las aseguradoras son las principales beneficiarias de la extensión del uso de la TSE, puesto que la mayoría de ciudadanos europeos —un 80%, según fuentes del sector— viaja con doble cobertura: la tarjeta europea y una póliza privada. De hecho, la asociación de aseguradoras británicas (ABI, en sus siglas en inglés) difundió a principios de mes una guía en la que recomienda a los ciudadanos que hagan valer sus derechos en los hospitales públicos españoles. Al mismo tiempo, recomienda tener una póliza privada para cubrir, por ejemplo, la repatriación.
Las consejerías de Sanidad valenciana y catalana aseguraron ayer que, en el caso de los turistas extranjeros que cuentan con doble aseguramiento, el paciente tiene la libertad de decidir a qué seguro se carga la asistencia y da su autorización por escrito.

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